Refundar el funcionamiento del Estado para generar productividad y resiliencia

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 puso en primera plana las debilidades institucionales en varias economías del mundo. De hecho, en algunos países de América Latina y el Caribe (ALC) se han profundizado durante la pandemia. Estas deficiencias en la administración pública comparten denominadores comunes: un alto déficit fiscal, una creciente deuda pública y una pesada estructura salarial. Sin embargo, las mayores complicaciones en las finanzas públicas se convirtieron en la oportunidad para acelerar algunas reformas estructurales del Estado, como en el caso de Paraguay.

En el año 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugería que los países debían emprender, simultáneamente, reformas estructurales para lograr una mayor productividad, resiliencia y equidad. De acuerdo al organismo, un avance de las reformas en la gestión de gobierno, las finanzas internas y externas, el comercio y los mercados de trabajo y de productos podría representar un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 1 punto porcentual.

En la actualidad, una reforma estructural reviste mayor urgencia que un año atrás.

En la semana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) remarcó que la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social. Ante esta situación, abogó por la construcción de un Estado que brinde bienestar a todos los sectores, para evitar otra década perdida de crecimiento económico.

Cabe señalar que, el mencionado organismo estima, para 2020, un aumento en la pobreza de aproximadamente 215 millones de personas (34,7% de la población regional), debido a la caída esperada en el PIB y el aumento en el desempleo, que generará la pandemia.

Además, la CEPAL propuso realizar transferencias monetarias para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Estas transferencias monetarias temporales son cruciales para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida de la actividad económica. Si se establecen en un nivel equivalente a una línea de pobreza (US$ 143), durante seis meses, implicaría un gasto adicional del 2,8% del PIB regional. No obstante, el organismo sugiere avanzar hacia la creación de un ingreso básico universal.

Si bien, la política de asistencia social propuesta por la CEPAL se constituye en una estrategia válida para mitigar los impactos de la crisis sanitaria, un gran porcentaje de los gobiernos de América Latina no cuenta con recursos para implementarla. Justamente esta falta de ahorro fiscal llevó a los países de la región a no tener herramientas propias para enfrentar la pandemia, situación que los empujó al endeudamiento para hacerse de recursos. Por ello, en Paraguay se presentó la urgente necesidad de empujar reformas estructurales que ayudarían a sanear el aparato estatal y, por consiguiente, podrían permitir la generación de un ahorro fiscal para los siguientes años.