Gasto salarial y la pesada carga para las cuentas públicas

El gasto público en América Latina y el Caribe creció en torno a 6 puntos porcentuales entre 2000 y 2019. En el año 2020, los paquetes de medidas fiscales para responder a la pandemia equivalieron, en promedio, a 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en algunos países se observaron tasas superiores al 10%, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
El aumento sostenido de los últimos años, exceptuando el significativo salto registrado durante el primer año de la crisis sanitaria, no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. De hecho, la bonanza en los ingresos durante el boom de las materias primas fue utilizada para incrementar los salarios y las pensiones, en detrimento, en algunos países, de las inversiones en infraestructura, por ende, en el efecto multiplicador en toda la economía. 
La mala calidad del gasto público le cuesta anualmente a la región alrededor de US$ 220.000 millones, es decir, 4,4% de su Producto Interno Bruto. Con estos recursos perdidos podrían haberse construido unos 1.225 hospitales con 200 camas, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Las tres grandes fuentes de ineficiencia en el gasto público en los países de América Latina y el Caribe son: i) las compras públicas, vinculadas a los problemas en las licitaciones, ineficiencias en la selección de proyectos de inversión o corrupción, ii) las transferencias monetarias a los ciudadanos que rondan el 1,7% del PIB y, iii) las remuneraciones al personal. La asignación de este último componente del gasto público representa 29% del presupuesto público total de América Latina. 
En el mismo contexto, Paraguay desperdicia alrededor del 3,9% del Producto Interno Bruto, unos US$ 1.600 millones, por su ineficiencia en el gasto público. En los últimos, la remuneración al personal en la Administración Central con respecto a los ingresos tributarios ha sido, en promedio, del 70%. 
Todos los años, durante el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) se presentan sinnúmeros de pedidos de aumentos y consideraciones salariales. Esto, pese a que las cuentas públicas arrastran un déficit fiscal desde el año 2012, producto de un incremento salarial, en promedio, de 38% que había sido otorgado al sector público y que marcó el inicio del desequilibrio estructural.
El 2020 fue un año excepcional, pero durante este 2021 las solicitudes de subas resurgieron como las presentadas por el sector docente y el de los médicos. 

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