Crisis sanitaria y las políticas para acompañar el proceso de recuperación económica

Hace más de un año, cuando la pandemia comenzaba a amenazar el funcionamiento de las economías, los países emergentes como los de América Latina, se enfrentaban al gran desafío de buscar estrategias y financiamiento para mitigar los impactos sociales y económicos que se avecinaban a causa de la crisis sanitaria. 
La principal, sino la única alternativa para muchos gobiernos fue el endeudamiento, que aceleró el nivel de sus deudas y profundizó el déficit fiscal. 
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que la Deuda Pública a nivel regional ha sido del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020, lo que convierte a la región en la más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%). 
En palabras de la secretaria del organismo, Alicia Bárcena, “en todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado”- (Informe especial COVID-19. Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo).
Actualmente, la situación de los países latinoamericanos continúa envuelta en medio de una alta incertidumbre y la post pandemia se ha convertido en el punto de preocupación de los gobiernos. 
Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina que América Latina- como gran parte del resto del mundo- saldrá de la pandemia más empobrecida y con una desigualdad todavía peor. 
De acuerdo con sus estimaciones, otras 19 millones de personas de la región han caído en la pobreza, y la desigualdad se ha incrementado en un 5% respecto a los niveles de la pre pandemia. En ese mismo sentido, el organismo menciona que la asistencia estatal en muchos países evitó resultados todavía peores, pero provocaron una subida en los niveles de deuda pública, del 68% al 77% del PIB. Debido a esto, el FMI advierte que los gobiernos estarán limitados en su capacidad para corregir el legado de la pandemia a más largo plazo, en cuanto se afiance la recuperación.
Pero, ¿qué políticas podrían ayudar ante tal perspectiva? Para el FMI, los sistemas tributarios y de transferencias de la región son bastante menos progresivos que los de los países avanzados. Por ello, propone entre otras acciones, incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, centrándose en un recorte de las exenciones tributarias y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En algunos casos, refiere el organismo, las autoridades económicas deberían plantearse reducir los umbrales de ingresos en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para incluir en la red de tributación más personas con un ingreso relativamente elevado.
En Argentina, había sido aprobado el año pasado el impuesto extraordinario a la riqueza conocido como “Aporte Solidario”. El tributo, que fijó una alícuota de al menos 2% a los patrimonios de personas físicas superiores a unos US$ 2 millones, fue pagado por única vez para enfrentar los gastos de la pandemia. Datos oficiales dan cuenta que, en el mencionado concepto, a comienzos de mayo de este año, el Gobierno ya recaudó alrededor de US$ 2 millones 
En tanto que, en Brasil se venía discutiendo una reforma tributaria mucho antes de la pandemia. El Gobierno tenía previsto ponerla en marcha en el 2020, pero la pandemia cambió los planes y el proyecto se encuentra sin ser definido.
En Colombia, la propuesta de aumentar los impuestos para alivianar las finanzas públicas (estimaba recaudar 2% del PIB), provocó un estallido social. Esto, pese a que la reforma contemplaba una contrapartida de asistencia a los hogares más vulnerables. El Gobierno planteó, entre otros puntos, gravar con un IVA del 19% los servicios públicos en la mitad superior en el sistema colombiano y un impuesto a todos los trabajadores cuyas ganancias sean de 700 dólares o más. 
En Paraguay, grupos con intereses creados habían propuesto también la creación de impuestos. Sin embargo, desde la Presidencia de la República, rechazaron tal propuesta. De hecho, el país viene de una reciente Reforma Tributaria, la que comenzó a ser implementada en el 2020. 
No obstante, lo cierto es que se precisan de recursos para seguir enfrentando la actual crisis y lo que será la post pandemia. Por ello, desde el Gobierno impulsan un paquete de leyes enmarcados dentro de lo que se conoce como “Transformación del Estado” y que contempla tres proyectos: la Ley De Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal, La Ley De Suministro y Contrataciones Públicas y, la Ley De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil. 

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