Complicaciones fiscales y la oportunidad de buscar nuevas alternativas de sostenibilidad

Las agresivas políticas públicas para mitigar los efectos negativos de la pandemia han complicado las finanzas de la mayoría de los países del mundo.

Las últimas estimaciones del gasto fiscal global para hacer frente a la crisis sanitaria, ronda los US$ 7,2 billones, alrededor de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, conforme a investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

El estudio agrega que, en el caso de los países ricos -aquellos con más de US$ 10.000 per cápita- el gasto fiscal adicional por la emergencia llega a 6,7% del PIB. Mientras que el esfuerzo fiscal en Latinoamérica ha sido menor que el promedio a nivel mundial. La región ha gastado, en los últimos meses, un total de 2,4% del PIB.

En ese mismo contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que las economías de mercados emergentes y en desarrollo se verán afectadas por un aumento de sus déficits fiscales (gastos superan a los ingresos). El organismo internacional estima que será alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB en 2020.

Si antes de la crisis sanitaria, el espacio fiscal en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) ya era casi nulo, con la llegada del COVID-19, las finanzas del Estado alcanzaron su pico de saturación. El inesperado aumento del gasto público y, los insuficientes recursos genuinos para atender las nuevas demandas, han acelerado el agotamiento de varios modelos fiscales vigentes en la región.

El endeudamiento se convirtió en la principal si no, en la única fuente de financiamiento de las medidas de emergencia implementadas por los gobiernos. Sin embargo, la deuda pública ya arrastraba un rápido y abultado crecimiento en los últimos años. Por tanto, con la crisis sanitaria esta alternativa deja de ser una, al menos, si el objetivo radica en no poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda y sus consecuentes impactos en la estabilidad económica de países como, por ejemplo, Paraguay.

Para hacer frente a la pandemia, pero sobre todo para el proceso de recuperación económica, algunos países de la región han planteado el aumento de impuestos, principalmente un tributo al patrimonio.

En Argentina, se propone la aplicación de un impuesto de 2% a las personas que hayan declarado un patrimonio superior a los US$ 3 millones, con escalas crecientes que llegan hasta el 3,5%. Con el nuevo impuesto y que cuenta con la venia del Gobierno, se recaudaría más de US$ 4.300 millones. Este monto equivale a un mes de recaudación impositiva, excluyendo los ingresos por la seguridad social y recursos aduaneros, precisaron fuentes oficiales.

Perú es otro país que analiza la creación de un nuevo tributo. Plantea un impuesto al patrimonio neto de las personas naturales con la aplicación de tasas progresivas hasta el 5%. Para ello se consideraría la declaración jurada patrimonial de principios de año para saber cuál será el impuesto definitivo.

Agentes económicos advierten de fugas de capitales hacia países con menores cargas impositivas y desaliento a la inversión. Esto, al considerar el escenario de incertidumbre que aún existe en el mundo.

En Paraguay, algunos sectores han planteado la posibilidad de aumentar los impuestos para generar los recursos que se necesitarán para financiar las cuentas públicas en el corto y largo plazo. Esto, sin considerar que Paraguay está en pleno proceso de implementación de la Reforma Tributaria aprobada en el año 2019. Además, de que la economía arrastra dos años poco auspiciosos, que han impactado significativamente en los indicadores de un alto porcentaje de los sectores económicos del país.